Alejandro Poiré, el vocero de la lucha anticrimen del presidente Calderón a Gobernación.

(CNNMéxico)Alejandro Poiré apenas había cumplido dos meses como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando el secretario de Gobernación murió en un accidente aéreo.

La tragedia lo obligó a abandonar las tareas de inteligencia para atender la petición del presidente mexicano de hacerse cargo de la política interna del país, en sustitución de Francisco Blake Mora.

Antes de dirigir el Cisen, el ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad.

Al aceptar ese cargo, el 19 de agosto de 2010, Poiré se comprometió a trabajar en la construcción de la estabilidad duradera del país “absolutamente convencido” de que el gobierno del presidente Felipe Calderón se estaba haciendo cargo de “la más importante de las transformaciones institucionales en nuestra historia contemporánea” al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad, de la que es un ferviente defensor.

Fuente: CNN

Mandatarios reconocen la estrategia de Calderón. ¿También los juzgaremos en la corte por complicidad?

La estrategia de la seguridad que ha emprendido el Presidente de México Felipe Calderón, ha dado motivos para que un grupo de activistas, propongan enjuiciarlo por ante la Corte Internacional. Sin embargo, diversos presidentes de nuestro continente opinan diferente, e incluso aplauden la lucha contra el crimen. He aquí un recuento:

En su visita de Estado a México, en mayo de este año la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, manifestó su respaldo a México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, bajo el reconocimiento de que es “un fenómeno transnacional que no reconoce fronteras”.

En el més de Julio el presidente chileno Sebastián Piñera, en vísperas de una visita de Estado a México, expresó valora la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que encabeza su colega mexicano Felipe Calderón, la cual merece todo su aprecio y solidaridad

Ese mismo més sirvió para que el presidente guatemalteco Álvaro Colom expresara: “En mi opinión se está avanzando en esta lucha tan desigual contra el crimen organizado. Pero México y Guatemala, y con Centroamérica, como lo hicimos en la Conferencia Internacional, si nos unimos, esa lucha no va a ser tan desigual”, expresó.

 

Durante su visita oficial de Estado en el mes de agosto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aplaudió las acciones que emprende el gobierno del presidente de México, Felipe Calderón, contra la guerra declarada al narcotráfico y crimen organizado. Se manifesto “admirado” en la forma en que se ha planteado combatir de frente al crimen organizado.

En ese mismo mes los gobiernos de México y Costa Rica acordaron fortalcer su cooperación en materia de seguridad con la firma de un tratado de extradición, otro sobre intercambio de información y experiencias sobre la delincuencia  y una más para la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robadas. La mandataria Costarricence Laura Chinchilla hizo un reconocimiento a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y felicito a Felipe Calderón por lo que denominó “esta lucha heroica”.

En numerosas ocasines el Gobierno de Estados Unidos ha reconocido la lucha contra el crimen organizado, sin embargo una de las declaraciones más importantes fue dicha el pasado més de septiembre por el zar anti drogas Gil Kerlikowski: “Si se miran las cosas desde la perspectiva del gobierno de Felipe Calderón, no sólo atacando al crimen sino reformando el sistema de justicia, el entrenamiento, etcétera, se ve una enorme cantidad de cambios”, señaló el zar antidrogas de Estados Unidos
 
Del mismo modo hace unos días en la visita de Estado del presidente uruguayo José Mujica, Calderón expresó “que los países de toda América comparten el desafío de ofrecer seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, ante lo cual planteó la necesidad de actuar juntos y presentar un frente común anti crimen” en lo que fue un llamado global a resolver un problema que tenmos en común.
Ante estas declaraciones de diferentes líderes internacionales, es difícil pensar que la estrategia de Calderón no tenga algo de congruencia y más complicado aun pensar que por estar de acuerdo con él, los presidentes antes mencionados se somentan a de igual modo a un Juicio Internacional.

¿Procede el juicio contra Calderón ante CPI?

Tema recurrente es el que entabla la procedencia de la demanda que se interpuso  en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional en relación a sus actividades y acciones ejercidas en su lucha contra el narcotráfico, mismas que han sido descritas y atribuidas al presidente directamente ya como genocidio, lesa de humanidad o crímenes de guerra. Partidarios existen por ambos lados de la moneda y al respecto se pronuncian en una serie de argumentos en el que basan el desarrollo de su explicación, que justifica o no la procedencia de un posible juicio ante la Corte Penal Internacional.  Debido a la naturaleza del tema, gran parte de la discusión se centra en determinar si la competencia de ejercer dichas acciones, sobre todo en lo que respecta a la intervención del ejército, es plausible o no, si se transgreden derechos sobrepasando facultades que no existen o si el Ejecutivo está invocando correcta y justificadamente los poderes que la Constitución otorga bajo este escenario.

Acorde al artículo 89 Fracción VI la Constitución establece que es obligación del Presidente procurar la seguridad nacional tanto en el interior como al exterior del país. Esta obligación se define por Norberto Bobbio como “El fin del Estado sólo es la seguridad entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley”. Señala que sería irracional entonces pensar que la finalidad de la aludida intervención sea la de concatenar derechos fundamentales y cobrar el saldo de miles de vidas contra una lucha que en primer lugar sólo buscó velar por la seguridad y el bienestar de la nación. También se señaló que el juicio no puede proceder ya que no se configura legalmente ni el genocidio, la lesa de humanidad o los crímenes de guerra; con respecto al primero no existe el propósito de destruir o eliminar algún grupo étnico, racial o religioso; en relación a lo segundo, no existe ataque generalizado o sistemático contra la población civil como exige el Estatuto de Roma del que México es parte desde el 2005; por último atendiendo al concepto de crímenes de guerra no se presenta tal situación ya que no existe un conflicto armado como lo define la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.
No obstante (y en sentido opuesto) la interpretación del mismo artículo ha significado para muchos que dicha obligación es real pero se limita a determinados recursos y métodos por los cuales el Ejecutivo debe salvaguardar la paz y seguridad nacional; todo menos involucrar al ejército en competencias civiles que a fin de cuentas sólo agravan la situación y el conteo de bajas por el conflicto. Será presentada la demanda el próximo 25 de noviembre la Corte Penal Internacional contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de más de 50 mil personas, más de 10 mil desaparecidos y más de 230 mil desplazados. Las cifras son alarmantes sin duda alguna y sumen a muchas en la desesperación tanto por encontrar soluciones efectivas y certeras así como por decidir en como implementar las acciones necesarias para erradicar este conflicto que tiene las dimensiones de una guerra civil a lo menos.

Según fuentes oficiales el grupo de abogados, académicos e intelectuales que promueve la demanda contra Calderón, incluyó en ésta al capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Los responsabiliza a ambos de la escalada de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente. No obstante que pueda alegarse que no se ordenó directamente ninguna acción que derivara en las consecuencias que se señalan en la demanda, sí son responsables, según alega el grupo de abogados, de encubrir a sicarios, policías y demás funcionarios que debido a esta impunidad y práctica han institucionalizado la violencia en nuestro país.

Las quejas y firmas aun son recabadas y se sustentan, como señala Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en las 75 recomendaciones presentadas ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) que no han sido contestadas así como de las 5,000 denuncias presentadas ante esta instancia en contra de miembros de las fuerzas armadas. Aunado a lo anterior (acompañado de promotores de la demanda) el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, explicó que ciudadanos y abogados presentaron ante la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) una solicitud para que ésta ejerciera sus facultades de investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a esta guerra, sin embargo nunca obtuvieron respuesta.

Dentro de unos días se resolverá y admitirá la demanda (ya que la Corte está obligada a ingresarla). La pregunta es si esto quedará en la etapa de análisis del fiscal o procederá a procesar al presidente
Seguro es que nuestro sistema jurídico y político se ha mostrado incompetente y la justicia extraterritorial  será la que decidirá la “suerte” de Calderón. ¿criminal de guerra o justiciero incansable?

¿Procederá el juicio al Presidente?

En este artículo, el director del Inacipe califica como oportunista la demanda que se intenta presentar en contra de Calderón

Gerado Laveaga

Ciudad de México  (6 noviembre 2011).- Leí con estupor la columna que escribió Loretta Ortiz para Enfoque el 30 de octubre pasado. Si estuviera escrito por alguien que nunca hubiera pasado por una escuela de Derecho, me habría parecido irrelevante. Viniendo de una profesora de Derecho Internacional, me escandalizó.En un país como el nuestro, opinar y criticar son prácticas que ayudan a consolidar nuestra democracia. Siempre las he aplaudido. Pero cuando estos ejercicios se hacen desde la perspectiva jurídica, hay que ser particularmente responsables. La abogada Ortiz no lo fue.

Palabras más, palabras menos, el artículo describe el camino que seguirá la demanda que ella y un grupo de activistas intentan presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, demanda que, según sus promotores, concluiría con el enjuiciamiento del presidente Felipe Calderón. El problema –como lo sabe cualquier estudiante de Derecho que haya hojeado el Estatuto de Roma– es que dicha maniobra no tiene posibilidad alguna de progresar. Veamos por qué:

Dejemos a un lado el hecho de que, al combatir a la delincuencia organizada, el presidente de la República no ha hecho sino ejercer las facultades que le otorga el artículo 89-VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún tribunal se atrevería a juzgar a un mandatario que, con apego a la ley, ha trabajado para preservar la seguridad nacional. Concentrémonos, exclusivamente, en el ámbito internacional:

Para empezar, la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que le dio origen, tiene un carácter “complementario de las jurisdicciones penales nacionales” (artículo 1o.), lo que significa que no podría actuar, salvo que los tribunales mexicanos se negaran a conocer el caso, el cual ni siquiera se les ha planteado. En segundo lugar, no se hallan satisfechas las cuestiones de admisibilidad que prevé el artículo 17 del Estatuto. En tercero, la Corte Penal Internacional sólo tiene competencia para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio (artículo 5). Ninguno de estos supuestos se configura.

No podría proceder una acusación por crímenes de guerra (artículo 8), pues esto exigiría que en México hubiera un conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico –como la lucha contra la pobreza o la lucha contra la ignorancia– no constituyen una guerra en términos jurídicos. Estos términos se definen en las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales. Las acciones emprendidas por el presidente Calderón están muy lejos de ajustarse a ellos.

Tampoco podría hablarse de crímenes de lesa humanidad (artículo 7), pues ello exigiría ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo cual no ha ocurrido. Es cierto que en los operativos contra la delincuencia organizada ha habido lamentables pérdidas civiles y es innegable que algunos de los encargados de llevarlos al cabo han cometido excesos. Estos excesos deben ser documentados y sancionados. Pero, en los términos del Estatuto de Roma, el Presidente tendría que haber ordenado diezmar a una población –lo cual no ha hecho jamás– para que procediera una denuncia ante La Haya.

Finalmente, tampoco se dan las condiciones para hablar de genocidio (artículo 6), delito que exige el propósito de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como sucedió en los Balcanes a finales del siglo pasado. Y, ciertamente, el crimen organizado que asola a México no es un grupo con estas características.

Lo que sí parece claro es el oportunismo de quienes –cuando se avecina una contienda electoral en México y está a punto de concluir el período del fiscal ante la Corte Penal Internacional– pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la Corte Penal Internacional, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate en nuestro país entre las personas mal informadas.

Como invariablemente lo he repetido, violar la ley debe suponer un castigo. La impunidad genera costos enormes en términos económicos, políticos y morales. Los abusos que han perpetrado algunos operadores –insisto– deben documentarse y perseguirse en los tribunales nacionales y, si es el caso, en los internacionales. Pero aplicar castigos exige procesos apegados a Derecho y no alborotos, como debiera saberlo Loretta Ortiz. Más aún, cuando somos abogados.

El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Twitter: @GLaveaga 

Felipe Calderón: el presidente que tomó por los cuernos al toro que otras administraciones dejaron pasar

En el contexto de la entrega del informe “Ni seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra en contra del narcotráfico’ de México”, el presidente Felipe Calderón reiteró que “La principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales.  Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías individuales” y ésta es una afirmación difícil de refutar.

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Calderón llama a frente común anticrimen

16 de Noviembre de 2011, 18:42. Guadalajara.- El presidente Felipe Calderón señaló que los países de toda América comparten el desafío de ofrecer seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, ante lo cual planteó la necesidad de actuar juntos y presentar un ‘frente común’.

En el marco de la visita de Estado del mandatario de Uruguay, José Mujica Cordano, el Ejecutivo federal mexicano hizo ver que en la actualidad, los grupos de la delincuencia organizada están actuando con una violencia ‘que no conoce fronteras’.

Señaló que el crimen se constituye en un desafío fundamental para los regímenes democráticos, ‘nos obliga a actuar juntos y a presentar un frente común para detener su acción. Frente a la delincuencia organizada los Estados debemos estar mucho más organizados y coordinados’.

Al término de conversaciones privadas con el mandatario visitante, Calderón Hinojosa indicó que ambos coincidieron en que los países de toda América comparten el desafío de dar seguridad y tranquilidad a sus respectivos ciudadanos.

Dijo que ambos reconocieron los avances de la primera reunión del Comité México-Uruguay de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, realizado el pasado 12 de octubre.

En un mensaje a los medios de comunicación, el presidente de México destacó que en esa reunión se identificaron mecanismos de cooperación entre ambas naciones para enfrentar a la delincuencia organizada.

‘Es muy satisfactorio para mí saber que estamos avanzando en una ruta común hacia este objetivo que nos concierne a todos’, expresó, y añadió que en la conversación con Mujica reafirmaron la firme convicción que los une de estrechar en todo lo posible los lazos de progreso y bienestar entre pueblos.

México trabaja en la defensa de los DH, afirma Gobernación

CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de México ha trabajando en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos durante la lucha contra el crimen organizado, afirmó Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista para Grupo Imagen Multimedia con Laura de Pablo, el funcionario federal dijo que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una propuesta para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con el fin de someter a juicios civiles a aquellos elementos castrenses que violen los derechos de los ciudadanos, durante sus funciones en la lucha contra la delincuencia.

Señaló que debe analizarse a profundidad el estudio “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, presentado por la organización Human Right Watch (HRW).

En ese documento se considera que ha fracasado la lucha anticrimen del gobierno mexicano.

Sin embargo, Felipe de Jesús Zamora Castro consideró que para que la situación social mejore en México, es necesario el fortalecimiento de las instituciones y la reconstrucción del tejido social, además de la lucha anticrimen.

Responde Calderón a HRW: “no nadamos de muertito”

México.- El presidente Felipe Calderón sostuvo que en materia de seguridad “estamos en la ruta que se necesita: en una estrategia integral, comprensiva, que abarca no sólo los aspectos de confrontación de la criminalidad, sino de reconstrucción de instituciones y restitución del tejido social”.

Subrayó que al ser México un país donde la mitad de la población tiene 26 años o menos se hace necesario que ese sector tenga escuela, un lugar de esparcimiento y oportunidades de trabajo, pues “es enorme” la probabilidad de que caiga en las drogas o lo reclute criminales.

Calderón Hinojosa argumentó que por eso es importante ir mucho más rápido en materia de generación de espacios educativos, deportivos, así como en prevención y tratamiento de adicciones.

El mandatario enfatizó que en materia de seguridad su gobierno decidió enfrentar a los criminales con toda la fuerza del Estado y “no nadar de muertito”.

“Sé que para el Gobierno Federal sería muy sencillo decir: no, pues ahí están (los criminales), pero pues ni me meto. ¡No, pero por supuesto que no! Tenemos que ir a enfrentarlos y terminar con esta impunidad cínica con la que estaban actuando en varias partes del país, con la que siguen actuando en algunos lugares”, externó.

El gobernante federal mencionó que incluso en la zona de La Huasteca hay problemas muy delicados, sobre todo en la parte vinculada a Tamaulipas y Veracruz, así como Hidalgo.

Por ello se necesita confrontar a los criminales y decirles con hechos que las calles, las carreteras, los caminos vecinales son nuestros “y que la autoridad es nuestra. Tenemos que hacerlo con toda la fuerza del Estado que esté a nuestra disposición”.

Felipe Calderón sostuvo que otro eje de la estrategia contra el crimen consiste en construir nuevas instituciones, pues las actuales “no están adaptadas a esa nueva realidad y si la criminalidad cambió su modus operandi, nosotros también tenemos que cambiar las instituciones”.

Tampoco es aquella vieja cultura “que yo jamás acepté ni aceptaré, de que hubiera una corrupción tolerable”, sino que ahora si hay una autoridad policiaca sobornada, termina siendo criminal.

Recalcó que por eso es importante limpiar, depurar y reconstruir las policías “cuanto antes”, lo que se debe hacer a través de controles de confianza que incluyen exámenes toxicológico, sicológico, socioeconómico y de detección de mentiras, para saber si alguien está vinculado a la criminalidad.

 

La administración de Calderón no atenta contra los derechos humanos

Guillermo Valdés: en la CNDH hay alrededor de 150 denuncias por homicidio, y otras más por cateos y acciones de legalidad dudosa. A pesar de estos errores, yo sí defiendo que no hay una política de violación de los derechos humanos, ni mucho menos de exterminio o de señalización de grupos o ciertas personas. Si tomas en cuenta que hay 30 mil soldados emprendiendo acciones contra el narcotráfico todos los días, y multiplicas eso por los mil 600 días que lleva el sexenio, si cada unidad hace una acción al día, entre retenes, patrullajes, etcétera, lo que tienes es un millón 600 mil acciones del Ejército en las calles. La cantidad de denuncias documentadas que existen en la CNDH es realmente un porcentaje ínfimo. Creo que hay una política general de respeto. No quiere decir que no haya errores de comunicación, que no haya errores en el manejo de casos emblemáticos. Pero las instituciones son unas, con ciertas características, y con éstas se tuvo que hacer la lucha. Nos hubieran gustado instituciones absolutamente limpias, sin asomo de penetración. Pero la lucha contra el crimen organizado es terriblemente compleja. El Ejército está preparado para ser Ejército, no para ser policía, y capacitar soldados para que actúen como policías lleva tiempo.

El combate al narco: una lucha que comienza a rendir frutos.

En esta entrada trato  de explicar  la complejidad de la problemática de la lucha contra el narco. Además planteo que el contexto de violencia que vive el país no debe adjudicarse solamente a la administración de Felipe Calderón.

El inicio.

El 11 de diciembre de 2006, a sólo 10 días de  haber iniciado su administración Felipe Calderón  se encontró con que su estado natal estaba dominado  por el narco. Lázaro Cárdenas gobernador en turno de Michoacán había pedido ayuda a la administración de Vicente Fox pero este no atendió la solicitud. Este primer operativo fue un éxito incluso aumento los niveles de popularidad del presidente, Al respecto, Eduardo Guerrero comenta:

“Con el operativo del gobierno federal descendió la violencia y hubo importantes decomisos y detenciones. Se elevaron también los niveles de aprobación del presidente. La intervención del presidente estaba respondiendo a una exigencia social.”

Elementos que explican el súbito aumento de la violencia

Si bien es cierto que la lucha contra el narco ha fragmentado a los grandes cárteles situación que los ha obligado a buscar nuevas formas de financiamiento: secuestro, extorsiones, venta de protección, también lo es el hecho de que hay que considerar otros elementos que provocaron el súbito  incremento de la violencia.

Alejandro Hope:

  •  entre 2007 y 2009 se da un incremento en el precio de la cocaína en Estados Unidos. Según la base de datos de la DEA, en esos dos años se duplicó el precio de la cocaína. Ahora bien, si uno corre la gráfica de homicidios contra el precio de la cocaína verá que son comportamientos casi paralelos.
  • estudios recientes muestran que la disponibilidad de armas parece haber incrementado el número de delitos violentos en comunidades fronterizas.
  •  entre 2002 y 2008 se incrementa 35% el número de ex convictos deportados a México y crece todavía más en 2009 y 2010. En 2010 deportaron algo así como 120 mil ex convictos; en 2002 fueron 30 o 40 mil.

Eduardo Guerrero.

  • hacia el final del gobierno de Vicente Fox apareció una violencia sistemática, organizada y con un nivel de brutalidad extraordinaria, que era cualitativamente distinta y estaba         asociada a factores estructurales como el mercado de drogas, la evolución de los grupos delincuenciales y la debilidad de las instituciones.
  • entre 2005 y 2007 fue que la violencia y los violentos se volvieron un reto para el Estado. Para decirlo coloquialmente, la basura se salió de abajo de la alfombra.

Guillermo Váldes.

  • Para que haya más de 40 mil muertos en cinco años debe haber muchísima gente armada en la calle. Es imposible construir ejércitos con ese nivel de entrenamiento, equipamiento y disposición violenta de la noche a la mañana. El proceso de acumulación ya se había dado en 2007
  • Lo que estamos viendo a partir de 2008 es un conjunto de conflictos muy violentos entre esas organizaciones cuya lógica es terminar la fragmentación para que sólo permanezcan dos de ellas: por un lado sería el Cártel del Pacífico (si logra derrotar o controlar a los cárteles de Tijuana, Juárez y de Beltrán Leyva), y la otra sería la triunfadora del conflicto entre el Golfo y Los Zetas.

Estos expertos coinciden en que a finales de la administración de Fox comenzó a gestarse un nuevo tipo de violencia que aunado a la facilidad con la que ingresan armas desde los Estados Unidos crearon  las condiciones propicias para que “la basura saliera de abajo de la alfombra”.

El combate al crimen comienza a rendir frutos.

Para Guillermo Váldes ex director del CICEN  entre 2008 y 2010  hubo un incremento de la violencia en el país pero entre 2010 y 2011 está ha disminuido:

“La violencia creció 80% en 2010 con respecto a 2009, y más de 100% en 2009 con respecto a 2008. Pero el crecimiento en 2011 con respecto a 2010 es del 11%, y ese crecimiento se dio en los primeros meses del año. De mayo para acá tenemos bastante estabilizado el asunto”

Además el combate al narco ha provocado que la ruta de cocaína por México sea más cara situación por la que ahora se vea como una opción la ruta del Caribe, esta situación afectara entre un 60% a 80% de los ingresos que tienen ahora los narcos mexicanos.

Las cifras fueron tomadas del artículo de la revista Nexos de noviembre de 2011: “Nuestra Guerra: una conversación”