Responde Calderón a HRW: «no nadamos de muertito»

México.- El presidente Felipe Calderón sostuvo que en materia de seguridad “estamos en la ruta que se necesita: en una estrategia integral, comprensiva, que abarca no sólo los aspectos de confrontación de la criminalidad, sino de reconstrucción de instituciones y restitución del tejido social”.

Subrayó que al ser México un país donde la mitad de la población tiene 26 años o menos se hace necesario que ese sector tenga escuela, un lugar de esparcimiento y oportunidades de trabajo, pues “es enorme” la probabilidad de que caiga en las drogas o lo reclute criminales.

Calderón Hinojosa argumentó que por eso es importante ir mucho más rápido en materia de generación de espacios educativos, deportivos, así como en prevención y tratamiento de adicciones.

El mandatario enfatizó que en materia de seguridad su gobierno decidió enfrentar a los criminales con toda la fuerza del Estado y “no nadar de muertito”.

“Sé que para el Gobierno Federal sería muy sencillo decir: no, pues ahí están (los criminales), pero pues ni me meto. ¡No, pero por supuesto que no! Tenemos que ir a enfrentarlos y terminar con esta impunidad cínica con la que estaban actuando en varias partes del país, con la que siguen actuando en algunos lugares”, externó.

El gobernante federal mencionó que incluso en la zona de La Huasteca hay problemas muy delicados, sobre todo en la parte vinculada a Tamaulipas y Veracruz, así como Hidalgo.

Por ello se necesita confrontar a los criminales y decirles con hechos que las calles, las carreteras, los caminos vecinales son nuestros “y que la autoridad es nuestra. Tenemos que hacerlo con toda la fuerza del Estado que esté a nuestra disposición”.

Felipe Calderón sostuvo que otro eje de la estrategia contra el crimen consiste en construir nuevas instituciones, pues las actuales “no están adaptadas a esa nueva realidad y si la criminalidad cambió su modus operandi, nosotros también tenemos que cambiar las instituciones”.

Tampoco es aquella vieja cultura “que yo jamás acepté ni aceptaré, de que hubiera una corrupción tolerable”, sino que ahora si hay una autoridad policiaca sobornada, termina siendo criminal.

Recalcó que por eso es importante limpiar, depurar y reconstruir las policías “cuanto antes”, lo que se debe hacer a través de controles de confianza que incluyen exámenes toxicológico, sicológico, socioeconómico y de detección de mentiras, para saber si alguien está vinculado a la criminalidad.

 

Promulgación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos

«Garantizando los derechos humanos construimos un México más fuerte», este es el slogan mostrado en el poduim durante la conferencia de prensa del Presidente Felipe Calderón. Esta importante reforma garantiza el respeto a las derechos humanos en el país, siendo un importante paso para la protección de los mismos.

En México «no estamos en guerra»

Los criminales son quienes violan los derechos humanos, dijo el presidente de México Felipe Calderón, luego de que la ONG Human Rights Watch (HRW) denunciara que fuerzas de seguridad de ese país practican ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura.

«La principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como homicidio, el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales», dijo Calderón en un comunicado, difundido por la oficina de la presidencia.

El presidente recordó que México ha estado abierto al escrutinio internacional y ha hecho importantes reformas a su marco legal en materia de derechos humanos para alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales.

Por su parte la Secretaría de Gobernación también emitió una respuesta al informe que entregó la Comisión de Derechos Huanos donde se habla de la violencia en México.

En México «no estamos en guerra», aclaró la Secretaría de Gobernación (Segob) al precisar que la lucha del gobierno federal contra el crimen y la delincuencia organizada se efectúa con estricta observancia de la ley y de los derechos humanos.

En respuesta al informe de Human Rights Watch, el subsecretario de la Segob, Felipe de Jesús Zamora, precisó que en el país existe una política de Estado que garantiza los derechos humanos de todas las personas y que cualquier autoridad que los viola es castigada y puesta a disposición de la justicia.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia federal resaltó que el combate a la criminalidad que lleva a cabo México es, precisamente, «para restablecer el Estado de derecho que garantiza las garantías y libertades de todos».

De tal suerte, aseveró, que «en el gobierno federal y en el Estado mexicano hemos asumido un compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos», al elevar a rango constitucional el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de toda persona.

El funcionario puntualizó que con ello, el gobierno mexicano reafirma su compromiso a la legalidad y Estado de derecho, garante de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas».

La CPI no juzga la responsabilidad política sobre la guerra contra el narcotráfico

México, 3 nov (EFE).- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, afirmó hoy que no se abre un caso para juzgar responsabilidades políticas, en relación a la demanda que activistas quieren presentar contra el presidente de México, Felipe Calderón, por su estrategia contra el narcotráfico.

Ocampo hizo estas declaraciones en el marco de las conferencias magistrales que él, el juez Baltasar Garzón y la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado García, ofrecieron en el Instituto de la Judicatura Federal de la capital mexicana.

«Para abrir un caso deben de haberse cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad», dijo, y añadió que para que ello se dé hay que demostrar que una persona o un grupo ordena un ataque masivo o sistemático contra la población civil.

«Decisiones políticas o responsabilidad política no juzgamos», sentenció al responder a una pregunta sobre si la CPI iba tomar el caso que pretenden presentar activistas mexicanos.

Ocampo destacó también que, antes de que la CPI abra un caso, la prioridad reside sobre el sistema judicial de cada país, y que sólo si los organismos nacionales no funcionan se decide actuar.

En cuanto a la estrategia para luchar contra las redes criminales mafiosas, el fiscal argentino dijo, sin referirse de forma concreta al caso mexicano, que «es cierto que no se soluciona simplemente quitando a los cabecillas, porque otros de las capas inferiores ascienden a sus puestos».

La demanda contra Calderón llegará a La Haya el próximo día 25 respaldada por 20.000 firmas y sustentada en el inicio de «una guerra» contra el narcotráfico que «ha dejado ya más de 50.000 muertos, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados», dijeron los promotores el pasado mes de octubre.

Antes, Moreno Ocampo ejemplificó «el papel de la fiscalía de la Corte Penal Internacional», título de su conferencia, en el considerado como exitoso caso de Muamar Gadafi, dictador de Libia asesinado el pasado 20 de octubre.

El fiscal explicó cómo tras la sangrienta represión de la rebelión libia que comenzó el pasado 15 de febrero, la función de la CPI fue investigar si se cometieron crímenes de lesa humanidad y si Gadafi dio las órdenes.

Como fruto de las investigaciones, se llegó a la conclusión de que «en Libia la palabra de Gadafi era obligatoria para todos, desde el Banco Central al ejército, tenía el máximo poder normativo», explicó Ocampo.

«En dos meses y medio logramos presentar a los jueces de la CPI pruebas de cómo Gadafi decidió reprimir sangrientamente a su pueblo y contrató mercenarios en los países vecinos, por temor a que su ejército se negara a disparar, para liquidar a los rebeldes», prosiguió el fiscal.

La orden de arresto resultante no se pudo llevar a cabo por la muerte de Gadafi, pero queda pendiente la captura de sus dos hijos, cómplices también de estos crímenes.

«Nuestra función es terminar con la impunidad de los crímenes más serios para la humanidad y ayudar a la prevención de los delitos», indicó Ocampo.

Por su parte, Dolores Delgado, que también trabajó junto a Ocampo en este caso, dijo que la causa contra Gadafi supone «un hito en la justicia penal internacional».

«La CPI ha demostrado ser una Corte del siglo XXI porque ha funcionado en tiempo real y en tiempo récord», señaló.

La fiscal de la Audiencia Nacional española comentó que fue de gran ayuda la visión de crimen organizado que el juez Garzón ofreció sobre este asunto, dado que la familia Gadafi mantenía una estructura de poder, represión y corrupción.

Baltasar Garzón indicó que «el éxito de la CPI es su propia existencia y su déficit no haber convencido a algunas de las grandes potencias» políticas y económicas del mundo.

«Es un despreció hacia sus propias instituciones porque dan la sensación de que quieren imponer la impunidad», dijo sobre estos países.

El juez español habló sobre el concepto de «víctima universal» como elemento común en el marco de la justicia internacional, sin que importe la nacionalidad de la misma pero sí la naturaleza del crimen que sufre.

Para su protección, se refirió al encuentro entre la justicia de ámbito nacional, la CPI y la llamada jurisdicción universal que permite juzgar desde un país crímenes cometidos en otro y donde se triunfó la impunidad.